En Veracruz, una fiscal regional fue removida tras impulsar una acusación de terrorismo contra un periodista.
El juez no la sostuvo, pero el mensaje ya estaba lanzado: criminalizar el ejercicio periodístico.
Hoy, la Fiscalía guarda silencio.
El periodista sigue bajo medidas cautelares.
Y la pregunta queda en el aire:
¿Quién responde cuando la ley se usa para intimidar?
¿Dónde queda la libertad de expresión cuando se pretende castigar con más de 30 años de prisión el trabajo informativo?
El relevo en la Fiscalía del sur de Veracruz ocurre en medio de este caso que vuelve a exhibir la delgada línea entre justicia y abuso de poder.
Informar no es terrorismo.
Cuestionar al poder no es delito.
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